RECOPE: referendum con tufo populista
Costa Rica parece haber quedado “curada” con la experiencia de su primer referéndum, a juzgar por el hecho de que en casi diez años no se haya querido volver a utilizar ese instrumento para decidir nada relevante.
Y no es para menos: en 2007 vivimos en carne propia las múltiples razones por las que este instrumento no es la panacea que en algún momento se creyó, y más bien puede convertirse en la herramienta para debilitar y desarticular las instituciones de la República.
Primero, su naturaleza binaria, el “todo o nada” que obliga a la ciudadanía a elegir únicamente entre dos posiciones extremas (suprimiendo el “centro” y la posibilidad de acuerdos). Segundo, la ventaja que otorga al grupo que formula la pregunta, el cual mantiene siempre la iniciativa y elimina de entrada las propuestas alternativas. Tercero, la manera en que habilita a un sector determinado para abusar de la legitimidad democrática, obligando al silencio a sus adversarios para no ser tildados de “antidemocráticos”. Cuarto, la forma en que este mecanismo facilita la imposición del interés particular de una facción, en perjuicio del interés general. Y quinto, el incentivo que representa para bajar el nivel de debate a niveles irracionales, en los que pueda campear un discurso populista.
Este último aspecto no puede pasarse por alto. No olvidemos que el populismo, sin importar su signo ideológico, es el enemigo número uno de la República. Y su método más efectivo es valerse de la “democracia” para acabar con ella.
Ahora bien, si ya es revelador que en diez años no se haya convocado a otro referéndum, lo es más el hecho de que—en la actualidad—se intente recurrir a ese instrumento para dar impulso a todo tipo de ocurrencias. En días pasados saltó a la palestra una nueva idea: un referéndum para “abrir el monopolio” de RECOPE.
A diferencia de los que andan con el cuento de la Asamblea Constituyente, este grupo tiene un objetivo mucho más concreto: exigir que se reintroduzca la participación privada en el mercado de los combustibles. El planteamiento de los impulsores de esta iniciativa puede resumirse en tres puntos esenciales.
1. RECOPE es un monopolio, y todos los monopolios hacen subir los precios.
2. Si se elimina el monopolio, va a bajar el precio del combustible.
3. De paso, una institución pública perdería su razón de ser, entonces podría reducirse o cerrarse, quitando además un montón de puestos de trabajo (lo que debe asumirse como algo positivo, pues por lo visto es mejor tener desempleados que empleados públicos).
Planteado en estos términos, la reacción instintiva de muchos es salir en carrera a ponerles su firma. ¿Quién no va a querer que baje la gasolina o el diesel? Y alguno habrá que quiera hasta ofrecer su sangre, jurando y perjurando que con ella están dando el tiro de gracia al “elefante blanco” (por cierto, causa cierta risa oír esta comparación en boca de gente que la repite sin haber visto jamás un elefante en toda su vida, y que posiblemente ignora que es un animal con una increíble capacidad de trabajo).
Ahora bien, ¿estas afirmaciones son ciertas, o son pura “hablada” populista?
Vamos a analizarlas una por una.
- RECOPE es un monopolio… ¿o no?
Un monopolio se produce cuando en un mercado hay un único proveedor para un bien determinado, lo que permite a ese proveedor manipular a su antojo el precio de ese bien.
La pregunta que debemos hacernos es si RECOPE cumple con esta definición. Y para ello necesitamos saber qué hace RECOPE, y también qué no hace.
Por ejemplo: RECOPE no distribuye combustible “al menudeo”. Dejó de hacerlo hace décadas. Es decir, cuando ustedes o yo vamos a echarle gasolina o diesel al carro, no se la compramos a RECOPE. Se la compramos al dueño de la bomba, que usualmente resulta una empresa privada. Hay varias empresas, e incluso cooperativas, que poseen bombas. En otras palabras, ¡ese mercado ya está abierto! Y en consecuencia, como no se puede abrir lo que ya está abierto, el referéndum no pareciera ir por este lado.
Curiosamente, la venta al menudeo es el único punto de la cadena de producción y distribución donde podría variar el precio al consumidor, si las bombas compitieran entre sí. No lo hacen, sin embargo, porque dicho precio está regulado (por la ARESEP, no por RECOPE), para evitar que haya diferencias de precio entre las distintas regiones del país, que incentiven el desabastecimiento en las zonas de mayor o menor demanda.
Es decir, RECOPE no vende el combustible al usuario, y tampoco fija el precio, de modo que—al menos en cuanto a la distribución “al menudeo”, que es la que nos afecta directamente como consumidores—no cumple con la definición de monopolio.
- Entonces, ¿qué es lo que sí hace RECOPE?
RECOPE tiene tres funciones esenciales: 1) importar combustible del extranjero, 2) almacenarlo, y 3) distribuirlo al mayoreo (es decir, llevarlo a todo el país y vendérselo a las bombas). En estas tres funciones no tiene competidores, con lo que se cumple uno de los supuestos del monopolio.
Debemos asumir, entonces, que la “apertura” que se desea introducir por el referéndum se dirige a algunas o todas estas tres funciones (pues como hemos visto, en la venta final al usuario ya opera la “apertura”).
El problema—según me explicaron algunos amigos economistas a los que consulté al respecto—es que, para un mercadito como el de Costa Rica, estas tres funciones son “monopolios naturales”. Es decir, el mercado es demasiado pequeño para que pueda haber una verdadera competencia. Y aún si la hubiera, los prometidos beneficios en el precio difícilmente van a pasar de ser un mito.
- ¡Pero el precio es caro porque hay que mantener a RECOPE!
Ya vimos que no le toca a RECOPE fijar el precio final de los combustibles, función que corresponde a la ARESEP. A pesar de esto, los proponentes de la “apertura” sostienen que tales precios se dirigen principalmente a cubrir los costos de la institución (destacando, por supuesto, las malignas convenciones colectivas), y que tenderán a la baja si RECOPE es obligada a la “competencia” (o mejor aún, desaparece).
Suena bien… pero no es cierto. Lo que más influye en cuánto pagamos por la gasolina o el diesel es, por supuesto, el precio internacional del barril de petróleo. De cada 100 colones que nos cuesta llenar el tanque, 42 se deben a ese costo. Y es un costo que no depende de la ARESEP ni mucho menos de RECOPE, sino de la oferta y demanda mundiales. O sea, ahí la institución costarricense no tiene la mínima influencia (sí la tienen, en cambio, países como Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Rusia o Venezuela).
El otro factor que influye en el precio de los combustibles es un impuesto. Este representa más o menos 40 colones de cada 100 que se pagan. Y claro está, los impuestos se establecen por ley, de modo que tampoco son responsabilidad de la ARESEP o de RECOPE.
De los 18 colones restantes, 11 se los dejan las bombas y los camioneros que realizan el flete. Y únicamente 7 son los que le quedan a RECOPE para operar.
Empieza a nacer la impresión de que sale más caro hacer el referéndum…
- ¡Pero con la apertura sí va a bajar el precio de los combustibles…!
Supongamos que la “apertura” se produce y el país invita a empresas extranjeras a “competir” contra RECOPE en algunas o todas estas tres funciones. Pueden hacerlo de dos formas: 1) aprovechándose de la infraestructura que ya tiene RECOPE, o 2) construyendo la suya propia.
En el primer caso, la hipotética “competidora” privada estaría pretendiendo lucrar sin asumir ningún riesgo, ya que ese riesgo ya lo asumió su rival pública al edificar sus tanques, oleoductos, planteles y demás. En este panorama estaríamos en una “competencia desleal”, pues las ganancias quedarían en manos de los competidores privados, pero el costo de operación sería asumido únicamente por la entidad pública (es decir, “ellos ganan pero usted y yo pagamos”). Desde luego, esto se podría corregir a medias mediante el cobro de un derecho de uso… pero las experiencias con las televisoras, las estaciones de radio, la red de telefonía celular y la concesión de la ruta 27 no nos hacen ser muy optimistas.
El segundo caso sería peor: la hipotética empresa decidiría ir por sí misma al mercado internacional de petróleo para comprarlo, y emprendería también la construcción de sus propios planteles, tanques, oleoductos y demás. ¡Imagínense el dineral que tendría que invertir! Y por supuesto, no va a invertirlo para perder. De alguna forma tiene que recuperar su capital. ¿Cómo lograrlo? Solo un camino le quedaría: trasladarle ese costo al consumidor. O sea, ¡subir el precio de los combustibles! En economía se hablaría de un “encarecimiento estructural”, es decir, no habría vuelta hacia abajo.
Es decir, por cualquiera de esas dos vías, la “apertura” sería un negocio fantástico para alguien. Lo malo es que ese alguien no son ustedes, ni yo…
Algo así es lo que sucedió recientemente en México (un país que produce su propio petróleo). La intervención privada en el mercado del combustible, lejos de producir las ansiadas rebajas, acabó en un brusco aumento de más del 20% a inicios de este año (busquen en Google información sobre el “gasolinazo”). No es precisamente por lo que uno votaría.
¿Y entonces…?
Lamentablemente para los que quisiéramos pagar menos por el combustible, todo parece indicar que nos están queriendo “meter gato por liebre”. Analizados con detenimiento, los argumentos a favor de la “apertura” despiden un fuerte tufo a populismo.
La receta del populismo más burdo es siempre la misma: crear un enemigo (RECOPE y su sindicato en este caso, pero mañana pueden ser los nicas, los cristianos, los negros o los judíos), atollarlo con todos los males, y prometer una recompensa inmediata y tangible (¡guipipía, va a bajar la gasolina!) si ese enemigo es suprimido.
Si se deja de lado esa argumentación populista—tan socorrida por ciertos políticos, tan empeñados en hablar mal de todo lo público como en “poner orden” en sus finanzas personales viviendo de interminables candidaturas con fondos públicos—, y se observa con atención, concluiríamos que la “apertura” que nos ofrecen no sólo es innecesaria, sino que no resuelve ningún problema, y nos expone a agravar algunos.
Y no resuelve ningún problema, porque lo de RECOPE no es un problema de estructura del mercado. Es un problema de gestión. Y como tal, hay que enfrentarlo y resolverlo.
No con populismo, ni con demagogia, ni tratando de aprovechar la coyuntura para armarle el negocito a alguien, sino con la determinación de denunciar las cláusulas abusivas que sobreviven aún en la tristemente célebre Convención Colectiva, y de resguardar con espíritu republicano los fondos públicos, aun si eso implica reestructurar a fondo la institución para una mayor agilidad y eficacia en el cumplimiento de sus funciones. La institución tiene que ser gestionada desde los principios y valores de la República.
Las soluciones mágicas no existen. Es hora de dar la espalda a los “magos”.
Robert F. Beers
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