Muchas personas en Costa Rica se sienten—con plena justicia—angustiadas por el rumbo, o la falta de éste, que padece nuestra nación. Los aflige ser testigos de su decadencia, y en su profundo patriotismo y enorme reserva moral, los atormenta sentirse impotentes para frenarla. Los agravia ver en altas posiciones a una élite de novatos politiqueros sin respeto alguno por la identidad y la trayectoria costarricense, y decidida a convertir sus vicios y traumas en políticas de Estado, aunque el precio sea empobrecernos a todos económica, jurídica y éticamente. Los ofende la indiferencia de los grupos económicamente más poderosos, los cuales guardan un cómplice silencio a cambio de alguna ventaja que altere a su favor las dinámicas del mercado, aun si la pobreza, el desempleo y la inseguridad resultantes termine por herirlos también. Y los ofusca el derrumbe de la institucionalidad de nuestra República, o la noción de que las entidades que se crearon para salvaguardarla sean las primeras en convertirse en instrumentos de su desplome, evadiendo una y otra vez la representación de la voluntad ciudadana.

En el fondo, esta ciudadanía se está viendo despojada también de su identidad histórica. Casi desde la propia Independencia, nuestro país se organizó bajo los principios republicanos. La Guerra de Ochomogo significó la derrota definitiva del monarquismo y el gradual desarrollo de una República de base democrática, que se consolidaría formalmente en 1848. Sin embargo, debieron pasar algunas décadas más—y no pocas rupturas—para que se afirmaran verdaderamente los auténticos principios de la República. Después de la “Edad de Oro” republicana (1906-1940) bajo figuras señeras como Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez Oreamuno, Alfredo González Flores y León Cortés, que combatieron el elitismo y procuraron ampliar la eficacia de las instituciones del Estado, las libertades públicas, y la base democrática del sistema político, estos principios se fueron debilitando y sobrevino una grave ruptura del orden constitucional: la Guerra Civil de 1948. De los escombros resurgió, sin embargo, una nueva República, con una renovada y ampliada base democrática, pero con un poder estatal más amplio e intervencionista: un modelo que sobrevivió, con aparente fortaleza, hasta las postrimerías del siglo 20, pero que lleva tiempo desmoronándose frente a una embestida de un renovado elitismo de signo globalista y pseudointelectual.

La frustración abunda, y también la sensación de desamparo y orfandad. Se resiente la ausencia de liderazgos de carácter patriótico, con la capacidad de definir una meta, un objetivo, una respuesta activa a las circunstancias. Ahora bien, quizás es mucho pedir, y la respuesta deba surgir desde nosotros mismos como ciudadanos que hemos vivido—y anhelamos vivir—bajo una República. ¿A qué debemos aspirar en los próximos años?

La República, como sistema político, va mucho más allá de la simple noción de “democracia”. Hay democracias que no necesariamente son Repúblicas, pero ninguna auténtica República puede serlo sin tener una base democrática.

Una República es un Estado organizado sobre tres principios: el imperio de la ley, la división y limitación efectiva del poder político, y el principio de igualdad. Estos principios la hacen incompatible con la monarquía y con el totalitarismo, la orientan necesariamente hacia el interés general, y la afirman con el consentimiento expreso de los gobernados, expresado en el sufragio y condicionado al respeto de sus derechos por parte del Estado. Costa Rica ha venido siendo históricamente una República, pero hoy observamos que los poderes, aunque formalmente divididos, no están efectivamente separados; que el imperio de la ley se ha debilitado mediante formalismos y maniobras ocultas, y que el principio de igualdad viene siendo subvertido en busca de privilegiar y perpetuar en el poder político a un diminuto grupo de favoritos oficiales. Por consiguiente, la acción política de la ciudadanía debe dirigirse al restablecimiento de una República conforme a su diseño original: un resultado que no se conseguirá fácil o rápidamente, pero que debe perseguirse con suprema tenacidad.

La Constitución es el documento que establece cómo se organiza un Estado, cuáles son los límites de su poder, y cuáles son los derechos garantizados a la ciudadanía en su totalidad. Puede decirse que contiene las condiciones bajo las cuales el conjunto de ciudadanos de nuestra nación acepta ser gobernado. En este sentido, es la realización de la soberanía nacional y del principio republicano del imperio de la ley, pues desde su creación todos los poderes, órganos y actos del Estado tienen que sujetarse a ella.

Desde hace unos años, sin embargo, esto ha ido dejando de ser una realidad en Costa Rica, donde gradualmente, a fuerza de “golpes” judiciales, decretos abusivos y despojos solapados a las potestades de los representantes electos, se ha ido sustrayendo una materia tras otra del alcance de la soberanía ciudadana, para trasladarla fuera del marco constitucional (en manos de entidades internacionales no democráticas y de ONGs totalmente ajenas a dicho marco). El resultado es una expansión desmedida de los poderes del Estado, en detrimento de las libertades y derechos garantizados a la ciudadanía, pero en beneficio de algunas élites a las que se privilegia por razones ideológicas, lo que de hecho significa una sutil ruptura del orden constitucional. A esto se ha añadido que, bajo el contexto (o el pretexto) de la situación con el COVID-19, el Gobierno actual, arrinconado políticamente por sus propios errores, ha optado por conducirse en los últimos meses como si estuvieran suspendidas las garantías individuales, es decir, fuera del orden constitucional. Naturalmente, en ausencia de dicho orden no puede hablarse de una verdadera República. Es indispensable revertir ese proceso, desaplicar las normas introducidas por medios ilegítimos, y restituir a la ciudadanía en el pleno ejercicio de sus facultades soberanas, restableciendo la supremacía constitucional.

Si algo ha brillado por su ausencia en la Costa Rica de los últimos años, ha sido la seriedad en la conducción económica del país. Del enfoque de desarrollo se pasó poco a poco al simple “asistencialismo”, estatizando la lucha contra la pobreza, con pésimos resultados. No sólo se ha fracasado en reducir significativamente el porcentaje de costarricenses sumidos en la escasez durante los últimos 30 años, sino que la incapacidad económica de los dos gobiernos más recientes ha presionado al alza el desempleo y, con él, la pobreza. Por añadidura, en el contexto de la “Gran Represión” desencadenada por el fenómeno del COVID-19, las redes institucionales costarricenses fueron completamente incapaces de contener un aumento súbito y dramático en el número de personas empobrecidas. Con nuestro país en manos de neófitos y petulantes que, al tener resuelta su economía, daban prioridad a extravagancias y caprichos infantiles, no es de extrañar que ante esta circunstancia extraordinaria se vieran desbordados y no tuvieran más ocurrencia que aumentar impuestos, endeudar más a su nación, y reducir a los pobres a la peor de todas las indignidades: la de depender de las limosnas gubernamentales. No en vano el desempleo ya andaba en cifras astronómicas antes de que llegaran los cierres masivos, y los mediocres llamaban a “celebrar” que no era peor.

Esto debe cambiar. Nuestra nación no tiene porqué seguir condenando a sus ciudadanos, y condenándose a sí misma, a la cadena perpetua de administrar pobreza. La pobreza es una indignidad para nuestra ciudadanía, que sólo puede combatirse generando riqueza. La actividad económica debe ser estimulada y no asfixiada por cargas tributarias groseras y endeudamiento masivo. Debe reestablecerse y afianzarse el imperio de la ley, es decir, el Estado de Derecho; debe haber respuestas institucionales para las necesidades de seguridad, respeto a la propiedad, y libertad para emprender y generar empleo. La iniciativa dignifica a las personas y les permite establecer la red de relaciones mutuamente benéficas que, además de elevarlos por encima de la miseria, los fortalece en su condición individual y social.

Las dificultades económicas y fiscales de la actualidad se deben, en parte, a la obesidad mórbida del Estado heredado del “consenso socialdemócrata” de 1948-1980: una estructura colosal que, a pesar de ver sobrepasada la utilidad práctica de muchas instituciones y programas, se empeña en conservarlos y mantenerlos funcionando, ya sea por una especie de “nostalgia” institucional, o por la incapacidad de desmarcarse de compromisos añejos. En este cuadro de obesidad, el peso del Estado sobre las espaldas de su ciudadanía no se corresponde con la utilidad práctica de soportarlo, lo que redunda en una enorme frustración colectiva y en un serio peligro de “infarto” presupuestario.

Algunos tienen como ideal el otro extremo: un Estado anoréxico, disminuido y consumido a tal punto que no cuente siquiera con las fuerzas para realizar una mínima función. Este tampoco es el camino. Lo que debemos buscar es un Estado “fit”, atlético y activo: con la fuerza y agilidad necesarias para cumplir oportunamente sus funciones en seguridad, administración de justicia, infraestructura y salud pública, capaz de responder con sobriedad cuando es exigido por situaciones anómalas, pero siempre afincado en los valores de la República. Para llegar a ese “peso ideal”, hay que realizar un programa de “dieta y ejercicio”, que nos permita reducir la “grasa institucional” por lo menos en un 20%, incluso un 30%.

En el fondo, se trata de sacar al Estado de donde nunca debió haberse metido (ej. el derecho a la intimidad, la gestión de empresas, la ideologización "educativa", el privilegio de sectores específicos) y enfocarlo en aquello para lo que en realidad existe (seguridad, representación política, administración de justicia, ejecución de obras públicas). Un Estado enfocado es más ágil, eficiente y menos propenso a la corrupción: el camino opuesto a aquel por el que hemos sido llevados durante largo tiempo ya.

Un Estado de estas características requiere de un sistema tributario justo y eficiente. Transformarlo con esos objetivos no debería ser tan difícil: después de todo, se supone que una gran mayoría de ciudadanos estarían, en principio, de acuerdo en estos dos valores esenciales, la eficiencia y la justicia. El reciente proyecto fiscal del Gobierno, sin embargo, tomó otra ruta: la de pasarle la factura a los que ya de por sí pagan, y seguir endeudándose y gastando como antes. Y los resultados no se hicieron esperar, de modo que mientras nuestro país decae en sus calificaciones financieras, y mientras se derrumba la confianza del consumidor interno, lo peor de los nuevos impuestos viene a estrangular los escuálidos bolsillos costarricenses precisamente cuando más vacíos los tienen el COVID-19 y el desempleo acumulado.

Una clave para lograr el objetivo indicado es la simplificación del sistema fiscal. En primer lugar, por una razón de eficiencia práctica: un sistema innecesariamente complicado empuja a las familias y a los negocios a preocuparse más por minimizar sus tributos que por maximizar sus ganancias. Y en segundo, por un principio de justicia: un sistema complicado facilita a los ricos inescrupulosos asesorarse para buscar portillos y evadir sus obligaciones tributarias, trasladándonos a los contribuyentes ordinarios todas las cargas del Estado. Debemos retroceder en lo que ha dañado a los costarricenses, y avanzar en la dirección de la eficiencia y la justicia, que devienen en un mejor beneficio al interés general.

El desgaste político y social de manipular el lenguaje y "discutir" lo obvio ha sido parte de la estrategia maligna de quienes hoy gobiernan, y ya sabemos los resultados. No sólo en situaciones burdas y obvias, como la inclusión en libros de texto escolares de una ridícula glorificación al partido que hoy gobierna, sino en la diseminación (¡desde el Estado, nada menos!) de ideologías relativistas que atacan los cimientos políticos, sociales y culturales de la República.

Así, nos encontramos con un debilitamiento sistemático de toda noción de identidad (biológica, étnica, nacional, cultural, religiosa) y un desdén por lo racional que es mal sustituido por una ficticia pose de sentimentalismo y mal entendida “empatía”. Hallamos también que el Estado, y no el ciudadano, se ha vuelto el centro y fin del sistema, de modo que todo lo exitoso se atribuye al primero, y de todos los desastres se culpa al segundo. Nos encontramos también con la relativización del respeto a la vida (muy a la manera marxista-gramsciana), la insistencia en desvirtuar a la familia como célula esencial de cualquier sociedad, el hostigamiento sistemático a la herencia judeocristiana (con un claro objetivo de encerrar al cristianismo en una especie de “ghetto”), y la feroz manipulación lingüística que pretende encasillar el pensamiento humano y suprimir el debate.

Esto debe cambiar: el Estado no tiene porqué “programar” a sus ciudadanos, o valerse del sistema educativo para implantar ideologías. Esta práctica es propia del totalitarismo, y fue condenada desde mediados del siglo 20, cuando se consagró el derecho preferente de los padres a exigir para sus hijos una educación conforme a sus valores, principios y creencias. Este derecho sigue vigente, y no está condicionado a las decisiones políticas de sectores privilegiados. El goce de este derecho debe ser demandado y reestablecido.

Por otra parte, el paradigma educativo de nuestro país—sin cambios desde el siglo 19—debe adaptarse a la realidad de nuestros tiempos: la existencia de vastas herramientas informáticas (puestas de relieve por el COVID-19 pero listas para implementarse desde mucho antes), una mayor participación de los padres en la selección del tipo de educación de sus hijos (que es su derecho), y una mayor libertad de estos para optar por contenidos adecuados a sus necesidades y decisiones. Debería impulsarse, por ejemplo, la creación de academias educativas (públicas o privadas) que permitan la educación en casa, con provecho de los medios tecnológicos y bajo el principio de libertad de elección paterna, que debilite las posibilidades de utilización del sistema educativo como medio político de adoctrinamiento y, de paso, permita organizar mejor el uso de recursos públicos (pues en la actualidad el MEP posee la planilla más grande del Estado, pero la calidad educativa viene en declive desde hace años).

En la República el soberano es el ciudadano. Si, a fuerza de privilegiar a unos y hostigar a otros, el actual gobierno y sus antecesores nos han llevado a la división y al fracaso, el camino del éxito está en reencontrarnos con lo que nos une: nuestra nación, nuestros valores, nuestra historia, nuestra tierra, nuestra bandera. La República está al servicio de la ciudadanía, y cometería traición si se somete en cambio a entes externos, en cuyo nombre pretenda alterar el bienestar general de esa misma ciudadanía.

Esto pasa, naturalmente, por el cumplimiento escrupuloso de las normas migratorias vigentes—que forman parte del imperio de la ley y por consiguiente no están sujetas a ninguna consideración de orden sentimental—. También pasa por exigir cuentas a quienes se benefician de la inmigración ilegal para evadir obligaciones, doblegando la dignidad humana y lesionando oportunidades y derechos por igual. En esta materia, como en tantas otras, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho deben estar al servicio del interés general, sin distorsionar al mercado y a la República en beneficio de unos pocos.

También pasa por la preservación de instituciones fundamentales sustentadas tanto en la Constitución como en nuestra herencia cultural judeocristiana: la vida humana con carácter inviolable, el matrimonio y la familia según su diseño constitucional, la propiedad privada, las libertades individuales, los principios de desmilitarización y solidaridad, y el modelo republicano de base democrática con alternabilidad en el poder, soberanía ciudadana y total pureza del sufragio.

La República tiene por objetivo supremo el interés general de la ciudadanía. Es más que evidente que dicho interés general pasa por una creciente calidad de vida y un ambiente sano para su desarrollo. No se trata, sin embargo, de objetivos excluyentes entre sí, como lo plantea engañosamente el elitismo—que llega al punto de convertir la ecología en un arma política para su agenda antihumanista—.

La mejor calidad de vida no se logra mediante la expoliación indiscriminada de los recursos disponibles—que canjean una gratificación inmediata y efímera por una prolongada debacle—, pero tampoco se logra renunciando por completo a utilizarlos—lo que significa en muchos casos aceptar y perpetuar la miseria como un estado natural y no como una indignidad—. El camino es la utilización racional de aquello que pueda contribuir a generar riqueza en el mediano y largo plazo, al lado de la investigación tecnológica y el desarrollo de técnicas que permitan ir ampliando el arsenal de recursos que poseemos como nación. Tanto derecho tienen las futuras generaciones a un ambiente sano como a una calidad de vida mejorada.

El famoso lema de León Cortés en 1936 cobra una relevancia inesperada en nuestros días. El orden constitucional—y con él toda la estructura republicana—se encuentra debilitado por los embates de un elitismo cultural y económico, de temple totalitario hacia lo interno y vilmente sumiso hacia lo externo: el punto álgido de un fenómeno ya observado por personalidades de nuestra historia como Juanito Mora, Carlos Gagini, Clodomiro Picado y Alberto Cañas en distintas épocas.

Sin ese orden mínimo, la paz social y política de nuestro país también se encuentran en riesgo. Nos encontramos expuestos a la inseguridad jurídica, por no “saber a qué atenernos” en cuanto a la legalidad y a nuestros derechos constitucionales; a la inseguridad civil, por temer que en el manejo de desastres naturales y epidemias el Estado se dedique más a ganar puntaje político y a expandir su poder a expensas de la ciudadanía, que a atender verdaderamente la necesidad nacional; y a la inseguridad frente al hampa, por la sentimental benevolencia hacia los delincuentes y la política de “fronteras abiertas” que le facilita tanto el trabajo a las redes de narcotráfico y trata de personas.

Y todos estos riesgos se incrementan aún más ante la falta crónica de trabajo: el desempleo se aproximaba al 13% antes de la llegada del COVID-19 y el establecimiento de un solapado Estado policial, y ahora ronda el 16% según las cifras más benevolentes. Y seguirá creciendo mientras no cambie la actitud de los gestores de políticas públicas.

Estos resultados nos dejan claro que los últimos gobiernos vienen haciéndolo muy mal en estas tres vertientes claves. Ante nuestros ojos, las tres necesidades más apremiantes de nuestra República pueden resumirse una vez más en recuperar el orden, reestablecer la paz, y fomentar el trabajo.

Nuestra República definió a los partidos políticos como un derecho de la ciudadanía, y como el medio legítimo de hacer efectiva su representatividad y su soberanía. Los costarricenses pueden agruparse en ellos según su línea de pensamiento, objetivos y vocación de poder. Es importante recordarlo, para comprender que (al contrario de lo que nos susurran continuamente las élites de gobierno) participar en ellos no sólo es necesario, sino virtuoso. Será más fuerte la República, si la ciudadanía de valores y principios éticos firmes, y preocupada por los asuntos públicos, se compromete a participar activamente, integrándose al partido de su preferencia e incidiendo en su vida interna. Y será más fuerte el partido político que consagre en su ideario valores republicanos como los que aquí se enuncian, si ofrece a sus militantes y simpatizantes una meta patriótica en común, un objetivo mayor que cualquier figura, y una posibilidad de ser parte activa y ascendente de un proceso definido: el de restablecimiento de una plena República.

Un partido político, si aspira a la seriedad, debe ser ante todo una fuente de pensamiento y un vehículo de acción. Orientado a canalizar cívicamente las inquietudes ciudadanas, con ideas firmes y vigorosas, debe contar con órganos internos permanentes que promuevan la gestación de metas comunes, programas de corto y largo plazo, la disciplina interna que le permita mantenerse fiel a sus principios, y la constante capacitación y formación de sus cuadros internos, a fin de prepararlos para el eventual ejercicio de posiciones políticas o técnicas.

Si una gran porción de la ciudadanía lamenta la ausencia de liderazgo, es vital saber qué es lo que intenta expresar con ese concepto. Algunos—de forma oportunista o conformista—lo equiparan a un apellido con historia, una actitud muy monárquica y poco republicana. Otros lo confunden con el mero hecho de aparecer en conferencias de prensa. La realidad, sin embargo, es que hay estilos de liderazgo muy distintos: unos con carisma personal y calidez humana, otros con verbo enérgico y capacidad de debate, otros más con una visión clara de una meta, algunos con un intelecto sobresaliente… y cada uno, de alguna manera, capaz de inspirar a otros a marchar a su lado con mística y convicción. Pero el éxito está reservado para aquellos que saben escuchar y dar expresión a los principios, valores y aspiraciones de la ciudadanía que los rodea y produce.

El entusiasmo, el ejemplo y la constancia son las marcas de un sano liderazgo. Las metas comunes y la gratitud suelen dar paso al primero; pero el segundo es el que verdaderamente electriza e inspira a nuestros semejantes. Y el tercero, ese ingrediente tan difícil de hallar, es en realidad el que impone la diferencia entre un brillo momentáneo y una escalada hacia la cima.

Lo relevante, sin embargo, es que para la tarea que aguarda a nuestra Costa Rica, no bastan las fuerzas de un solo hombre o mujer. No hay en nuestra tierra magos, genios, superhéroes ni personajes de fantasía, sino tan sólo “ciudadanos”; pero la ciudadanía por sí misma es una preciosa dignidad y una valiosa herramienta para el titánico reto que debemos afrontar. Nuestra verdadera reserva moral está en la acción combinada de muchas personas, con el mismo anhelo de que nuestra nación recupere su perdido rumbo y con la energía de edificar una nueva República.

El verdadero líder es sólo un traductor de la voz de millares.