Referendum: democracia o zancadilla

El mundo entero presenció, con innegable perplejidad, el resultado del referéndum en Colombia el pasado domingo 2 de octubre, en el que se sometió a consulta popular el acuerdo logrado entre el presidente Juan Manuel Santos—flamante Premio Nobel de la Paz—y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A Santos y a su bando, promotores del “SÍ” al pacto, les pasó lo mismo que a David Cameron en Inglaterra unos meses antes, cuando se votó sobre la permanencia a la Unión Europea: después de presentar su opción como la única “lógica” y “racional”, constataron con horror que una mayoría de los electores la repudiaba.

(Dicho sea de paso: este resultado debiera ser otra advertencia más para Hillary Clinton).

Mucho podría hablarse de las implicaciones políticas que el voto colombiano podría tener, no solo para ese gran país, sino para toda la región. Pero de poca o nula utilidad sería cualquier comentario, si se intenta “leer” el resultado sin tomar en cuenta la distorsión que introduce la naturaleza misma del “referéndum” como mecanismo de “consulta popular”.

Un momento… ¿Acaso estamos diciendo que el referéndum no tiene validez como expresión democrática de la voluntad popular? ¿No es, por el contrario, un maravilloso y nobilísimo medio para que la ciudadanía soberana ejerza directamente su poder de decisión y exprese su voluntad sin intermediarios (como nos ha repetido hasta la saciedad el discurso “oficial” de la llamada “democracia participativa”)?

Puede argumentarse que así es… pero sólo en la idea. Hay un aspecto del que poco se habla y que es vital para darle a este tipo de consultas su justo valor. El referéndum necesariamente distorsiona la voluntad popular, porque su naturaleza es absolutamente binaria. En una consulta de estas no existen los puntos medios ni los matices. Es un “todo o nada”. No importa cuán complejo sea el tema, acaba por ser planteado entre un SÍ rotundo y un NO igual de rotundo.

En nuestra anterior publicación reflexionábamos sobre la forma en que el “centrismo” político había entrado en una fase de letargo intelectual, y había entregado a los extremismos la iniciativa en el debate de los asuntos públicos. Ahora bien, valdría la pena preguntarnos si mecanismos como el referéndum, introducidos bajo el pretexto de la “democracia participativa”, no están en la práctica potenciando precisamente las opciones extremas, y con ello metiéndole una “zancadilla” a la democracia misma. ¿De qué forma? A través de ese fatal reduccionismo a un SÍ o un NO, ese “todo o nada” en blanco o negro, que hace completamente innecesario el diálogo y el equilibrio, ahoga las voces de la moderación y le otorga todas las ventajas a las sectas más desorbitadas.

¿Por qué motivo? Porque, al reducirse la manifestación de voluntad popular a un mero “SÍ o NO”, los interesados pueden darle la interpretación que quieran. Es decir, el referéndum le otorga a la ciudadanía la sensación de estar decidiendo, pero en el fondo traslada la decisión final al “intérprete” de esa voluntad—que es, por lo general, el que formula la pregunta.

Las implicaciones de esto no deben pasarse por alto. Varios estudios realizados en relación con las encuestas políticas han demostrado que la manera en que se formula una pregunta tiene una marcada influencia en la respuesta. Es decir, la persona que hace la pregunta puede hacerla de cierta forma para inducir la respuesta deseada. Sin duda el mismo sesgo puede producirse (y se produce de hecho) en un referéndum, en especial cuando las posiciones más extremistas distorsionan el planteamiento—sabiendo que el que tiene el poder en realidad no es el votante, sino el que plantea los términos de la decisión.

Veamos ejemplos concretos:

1. El referéndum sobre el Acuerdo de Paz en Colombia, 2016

Si volvemos al caso de Colombia, sería apropiado hacer una lectura restrictiva y mesurada del resultado, como lo hizo el Comité del Premio Nobel al justificar el reconocimiento al presidente Santos: “no se rechazó la paz, sino un acuerdo específico de paz”. Pero, en términos de estrategia política, podía resultar más electoralmente más “rentable” asumir una posición extrema: dada la bipolaridad implícita en el referéndum, plantear el asunto en términos más cínicos, lanzándole al votante el falso dilema de que tenía que elegir entre paz y guerra (lo que, habiendo ganado el NO, llevaría a concluir que el rechazo abarcaría cualquier posible acuerdo de paz, legitimando “democráticamente” la continuación del conflicto). Esta última posición, claro está, habría sido la favorita de los promotores del SÍ y, particularmente, de los sectores políticamente más complacientes con las FARC, pues un planteamiento así les hubiera sido muy favorable y con un triunfo habrían silenciado cualquier crítica, sensata o no.

Ahora bien, ante la estrecha victoria del NO, resulta evidente que a este bando “se le volteó la tortilla” de la legitimidad democrática. Teniendo ahora el presidente Santos un aparente mandato para exigir de las FARC concesiones más profundas, le toca también asumir el riesgo de que éstas últimas no estén en disposición de conformarse con menos de lo que ya les había sido prometido. La “democracia participativa” puede tener doble filo…

2. El referéndum en Costa Rica sobre el TLC con Estados Unidos, 2007

Hace 9 años Costa Rica tuvo su primera experiencia con el instrumento del referéndum: la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y a juzgar por el hecho de no haberse producido una segunda, resulta evidente que no fue muy positiva.

¿Y por qué no lo fue? Por las mismas razones que hemos venido apuntando: gracias a la naturaleza binaria y excluyente del referéndum, la discusión sobre el tema fue fácilmente secuestrada por los extremistas de ambos bandos, y por consiguiente, en palabras de Kevin Casas, “dejó de ser racional”.

Aunque la única pregunta que había que responder era si aceptábamos o rechazábamos un acuerdo comercial específico (parafraseando los términos del Comité Nobel en cuanto al caso colombiano), esa pregunta fue perversamente tergiversada por los extremistas. Unos nos mentían diciendo que estábamos eligiendo entre democracia y comunismo. Otros nos mentían también, afirmando que elegíamos entre la independencia y la desaparición como país. ¡Falsos dilemas! Los primeros se apropiaron de la institucionalidad pública para utilizarla en beneficio del interés de su facción, rompiendo el principio de confianza sobre el que se sustenta todo el modelo republicano, mientras los segundos apelaron a una iracunda “guerra de guerrillas”, difundiendo sin ningún escrúpulo toda clase de rumores altisonantes e inverosímiles. Y ambos apelaron a destacar precisamente las afirmaciones más desorbitadas de sus oponentes, en un esfuerzo por desacreditarlos.

¿Qué se obtuvo de todo eso? Darle validez política a los movimientos más extremistas e irracionales del país. Y a la vez, arrinconar al “centrismo”, fomentando una peligrosa polarización política que aún hoy, casi una década más tarde, tiene consecuencias muy negativas para la gobernabilidad de nuestra nación.

El daño más pernicioso, empero, se le hizo al modelo republicano de frenos y contrapesos, el cual sufrió una artera “zancadilla” al ser puesto en contradicción con el flamante “evangelio” de la democracia participativa, quedando desgastado y debilitado al final de tamaña agonía.

Ah, y el Tratado se aprobó.

Paréntesis: ¿República o Democracia?

Aquí cabe hacer un paréntesis. Hemos venido hablando de la “República”, o del “modelo republicano”, como si fuera algo diferente del “sistema democrático”. Ahora debemos aclarar que esta distinción no es un invento: “República” y “Democracia” son sistemas de gobierno diferentes, que pueden coexistir y complementarse, pero también entrar en contradicción.

Catalogar las diferencias entre ambos sistemas podría ser por sí sola objeto de un nuevo comentario. Diremos ahora, sin embargo, que la democracia pura y simple es, en esencia, el “gobierno de las mayorías”. En la democracia, y especialmente en una “democracia directa” tal y como la idearon y practicaron los antiguos griegos, los poderes de una mayoría son incontestables, lo que la convierte prácticamente en una “aplanadora” omnipotente. Por ejemplo, en la “democracia directa” de Atenas, los electores podían decidir incluso si deseaban mandar a alguien al “ostracismo”, o sea, expulsarlo de la comunidad… sin motivo alguno. Claro está, la única defensa que podrían tener las personas o grupos que no conformen esa mayoría, es la frágil esperanza de que esta última no ceda a la tentación de abusar de sus ventajas.

¿Y qué es la república? Nos hemos acostumbrado a pensar que “república” es todo país donde el Jefe de Estado no sea un rey (o sea, como el antónimo de “monarquía”). Sin embargo, esta definición “por exclusión” es muy limitada. La república, más bien, es un modelo con dos características: 1) la imposición de límites al poder público, a través de la división de dicho poder en varias instituciones que se controlan unas a otras; y 2) la existencia de normas fundamentales—lo que hoy llamamos “Constitución”—donde se plasman los derechos inalienables mínimos que se reconocen a las personas y que, por ende, están totalmente fuera del alcance del poder político.

Estas dos características son cruciales para distinguir “República” de “Democracia”. El principio rector de la República no es el del “gobierno de la mayoría”, sino el del “imperio de la ley”, pues el objetivo es que ninguna mayoría tenga la posibilidad de “atropellar” a las minorías. Para eso existen, por ejemplo, los Tribunales de Justicia, las Cortes Constitucionales, y otras instituciones investidas con la responsabilidad de impedir los abusos de poder, aun los que cuenten con el aval “mayoritario”. El “ostracismo” de los griegos, por ejemplo, sería inaceptable en un modelo republicano.

Puede decirse, entonces, que es un error considerar que los “derechos inalienables” se derivan del “principio democrático”, pues en realidad provienen de la “constitucionalidad”, o sea, del imperio de la ley característico de la República. El reconocimiento de esos derechos no se deriva de una decisión de la mayoría, sino todo lo contrario: son el límite final del poder público, y no pueden traspasarse ni aunque así lo quiera la mayoría. Es decir, el principio que se privilegia es el bien común—y no necesariamente el bien de la facción mayoritaria.

Alguien explicaba la “democracia” pura y simple como “tres zorros y una gallina decidiendo qué van a comer". Valiéndonos del mismo ejemplo, la “república” vendría a ser “tres zorros y una gallina decidiendo qué van a comer, bajo la regla previamente escrita de que ninguno de ellos cuatro puede ser convertido en comida”.

Ahora bien, ¿puede el modelo republicano convivir con la democracia? Absolutamente sí. Para que pueda hablarse de una genuina República, el principio de representatividad apareja que la selección de los representantes se realice mediante consulta popular directa; de otra manera, no se pueden considerar legítimos, porque la soberanía reside en los ciudadanos. En general, el sistema republicano necesita del principio democrático para tener validez; y la democracia, a su vez, necesita de los frenos y contrapesos del modelo republicano para no degenerar en una “oclocracia” o “gobierno de la turba”.

Por esta razón, los aspirantes a tirano no siempre son antidemocráticos, y a menudo pueden valerse más bien de la “legitimidad democrática” para sus fines. Su verdadero enemigo es la República. Las instituciones de la República son invariablemente el blanco de los dictadores en ciernes, quienes necesitan destruirlas porque constituyen la red de salvamento de la ciudadanía frente al poder público.

Ahora volvamos a nuestro tema. ¿A cuál de los dos modelos responde un instrumento como el referéndum? A estas alturas la respuesta debe ser obvia: al modelo democrático, no al republicano. Este y otros mecanismos análogos son parte de una moda de los últimos años, la de introducir en el sistema rasgos de la “democracia directa” griega, ahora rebautizada como “democracia participativa”.

Estas “innovaciones” tienen, sin embargo, un problema implícito. En el modelo republicano, el sufragio democrático funciona para dar legitimidad al sistema; pero estos instrumentos a menudo persiguen todo lo contrario: debilitar el principio de representatividad y, con él, la búsqueda del bien común. Ya hemos visto que con el referéndum se sustituye el debate y la deliberación equilibrada, por la elección entre dos posiciones extremas (“SÍ o NO”) donde se impone sin contemplaciones la que tenga mayoría. Bastaría, entonces, con una pregunta arteramente formulada, para otorgarle una incontestable “legitimidad democrática” a la decisión más arbitraria. O, incluso, al desmantelamiento de las instituciones de la República… por medios “democráticos”.

3. Referéndums en Venezuela, 1999, 2007 y 2009

Ilustrando este último punto, cabe dar un vistazo a los procesos políticos vividos en Venezuela desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998.

Como primer acto, Chávez impulsó la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elaborase una nueva Carta Magna para Venezuela. Naturalmente, en esta participaron con cierta libertad casi todos los movimientos políticos; pero la Constitución resultante incorporó numerosos elementos de la llamada “democracia participativa”. Sin ningún contratiempo notable, esta nueva norma fundamental resultó aprobada (¿cómo no?) mediante un referéndum en 1999. Hasta este momento, ninguno de los cambios implementados se produjo al margen de los canales institucionales.

Luego vino el error más estúpido que pudo haber cometido la oposición a Chávez: el fallido golpe de Estado de 2002. Al acudir a las vías de hecho y atacar a la institucionalidad republicana—que, mal que bien, todavía subsistía—, los golpistas dañaron su propia credibilidad y le dieron a Chávez la excusa perfecta para radicalizar su régimen. El resultado, por supuesto, es el que hemos visto: el “centrismo político” se volvió irrelevante, y Venezuela entró en una dañina polarización política entre dos posiciones extremas e irreconciliables.

Por lo que hemos venido estudiando, esta polarización no habría perdurado mucho tiempo en un sistema republicano típico, puesto que Chávez no habría podido introducir cambios tan violentos a la nueva Constitución sin tener, por lo menos, la necesidad de negociar algo con la oposición (gracias a los “frenos y contrapesos”). Pero el astuto dirigente ya tenía en sus manos la herramienta ideal para conseguirlo: la vía del referéndum.

El referéndum le ofrecía a un líder como Chávez todas las ventajas posibles. Primero, la naturaleza binaria de este instrumento le permitiría obtener un “SÍ” o un “NO” sin necesidad de transacción o negociación alguna (el “todo o nada”). Segundo, cualquier triunfo le otorgaba automáticamente la “legitimidad democrática” para ejecutar su propósito, mientras que una derrota no le impedía volver a plantear la misma propuesta más adelante. Y tercero, posiblemente lo más importante: le permitía mantener siempre la iniciativa, pues las consultas versaban invariablemente sobre sus propuestas—a las que sus rivales podían oponerse, pero no plantear alternativas. En otras palabras, él siempre formulaba la pregunta.

Las profundas reformas constitucionales promovidas por Chávez, dirigidas a “completar la transición hacia el socialismo”, fueron derrotadas en el primer intento, realizado en 2007, apenas por dos puntos porcentuales de diferencia. Dos años después, sin embargo, logró por esta misma vía modificar la Constitución para implementar la reelección indefinida, e introducir diversos cambios que amplificaron el alcance del poder estatal.

¿Pueden acaso tildarse de “antidemocráticos” estos cambios? De ninguna manera: es indiscutible, al menos en el plano formal, que se aprobaron todos con total “legitimación democrática”, en consultas de amplia participación popular. Lo que valdría la pena discutir, en cambio, es si estas transformaciones han desvirtuado o anulado las salvaguardias del modelo republicano, dejando al país a merced de una “tiranía de las mayorías” y atizando una polarización política que hoy parece irreversible.

4. El referéndum de Austria, 1938

Citamos este ejemplo como un caso patológico. En marzo de 1938, con el Ejército alemán a las puertas, y tomado ya el poder por el Partido Nazi Austriaco, se realizó una peculiar “consulta” a los perplejos ciudadanos: si aprobaban la “reunificación” de Austria con Alemania (de la que nunca había formado parte) y, de paso, la lista de representantes designados por el Führer alemán. Desde luego, el referéndum se realizó entre ametralladoras, sin voto secreto y sin ninguna garantía para el votante—después de todo, ya para entonces Hitler había aniquilado la República en Alemania mediante la “Ley de Emergencia”, y estaba por ponerle el epitafio a su homóloga de Austria con las armas en la mano. Pero, aún con las instituciones republicanas ya destruidas, un poco de democracia le seguía siendo útil…

El resultado fue obvio: el “SÍ” obtuvo más del 99% de los votos. A todas luces, una farsa… pero al menos le permitió a Hitler pavonearse a los cuatro vientos de haber acudido “en respuesta a la voluntad expresa del pueblo austriaco”, es decir, darle una cierta legitimación democrática a la invasión. Sólo que esta vez no se trataba simplemente de una “zancadilla”, sino de un tiro de gracia para el concepto de la República.

Conclusión

Después de este análisis, debemos preguntarnos nuevamente si el referéndum es la herramienta que responde mejor al tipo de decisiones políticas que deben tomarse en nuestro país. Debemos, por supuesto, considerar si nos interesa más la República o la Democracia.  Debemos reflexionar sobre si nos interesa más privilegiar los intereses de una facción mayoritaria—o de una minoría bien organizada—o el interés general de la nación. Necesitamos preguntarnos si nuestras decisiones son más inteligentes cuando nos arrinconan entre dos extremos, o cuando nos dan la posibilidad de buscar el punto de equilibrio más satisfactorio.

Y, hechas estas reflexiones, es indispensable que estemos muy atentos a aquellos temas sobre los que ciertos sectores, aquí o allá, quieren “llamar a un referéndum”. No olvidemos que, aunque tengamos la sensación de que nos consultan, en realidad se le está entregando el poder al que hace la pregunta.

Hemos visto, por ejemplo, la intención de convocar uno para aprobar la Ley de Bienestar Animal: un proyecto que, aunque bien intencionado, tuvo la desdicha de ser secuestrado por una secta de “impulsores” fanáticos, incapaces de oír objeción alguna y de admitir que su propuesta “mascota” tuviese el menor defecto. Un referéndum en estos términos habría empoderado a esta “secta”, propiciando con ello, nuevamente, una discusión de pésimo nivel. Dichosamente, este proyecto logró ir a consulta ante la Sala Constitucional (institución de carácter “republicano” y no “democrático”, por supuesto); y esta llegó a una conclusión correcta: se tiene que legislar sobre la materia, pero no en los términos irracionales y desproporcionados en que venía la propuesta inicial.

Las implicaciones de este tema, sin embargo, son insignificantes en comparación con el otro referéndum que se intenta promover: la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta iniciativa es extremadamente delicada, porque—como lo acabamos de estudiar—la Constitución representa el límite último del poder político, y la protección mínima con que cuenta la ciudadanía frente a éste. Y, lo más importante, aún desconocemos qué es exactamente lo que se pretende plantear.

¿Cuáles son las razones por las que quisiera cambiarse la Constitución actual? ¿Cuáles son los cambios que se pretende introducir? ¿Serán acaso cambios tan sustanciales que no puedan hacerse por medio de reformas parciales? ¿Se pretenderá profundizar la protección a la ciudadanía tan propia de la República, o más bien implementar un giro en la dirección contraria? Todo parece manejarse en el más completo misterio para el grueso de la ciudadanía. Y eso es grave, porque este tipo de decisiones no pueden tomarse a la ligera, ni a ciegas… y menos todavía si nuestras “opciones” son simplemente un SÍ o un NO.

Estemos alertas. No vayamos a recibir una “zancadilla” en nombre de la democracia.

Robert F. Beers

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