El Tratado de la Discordia

La pugna interna que marcó el primer decenio de este siglo fue indudablemente el Tratado de Libre Comercio con los EEUU, firmado durante el Gobierno de Abel Pacheco en 2003, y luego postergado indefinidamente en su aprobación legislativa (indispensable para su entrada en vigor). En un primer momento esta pugna se planteó entre el sector exportador (favorable al Tratado porque esperaba beneficiarse de él) y los funcionarios sindicalizados del sector público (desconfiados del impacto que pudiese tener ese Tratado en la relativa comodidad laboral y social que venían heredando luego de varias décadas de hegemonía socialdemócrata).

Claramente ambos bandos intuían el impacto estratégico que iba a tener el TLC sobre el futuro modelo de Estado, y sobre la manera óptima de organizar la Administración Pública. De este modo, el debate nacional pudo haber servido para informar y sopesar los efectos de la decisión que estaba por adoptarse; pero en cambio, tomó un cariz lamentablemente distinto.

El primer ensayo de esta disputa se gestó cuando el Presidente Pacheco, receloso del Tratado que él mismo firmase, se rehusase a someterlo al Congreso, lo que tuvo un impacto decisivo en la elección nacional de 2006. En ella el candidato liberacionista Oscar Arias Sánchez, favorable al TLC, obtuvo un raquítico triunfo sobre Ottón Solís, aspirante del PAC y opuesto al acuerdo, eludiendo además una angustiosa segunda ronda apenas por el 0,9% de los votos. La composición de la nueva Asamblea Legislativa, sin embargo, resultó muy favorable a Arias, y esto le permitió impulsar el Tratado a través de acuerdos políticos... hasta que estos resultaron insuficientes frente a la ruidosa presión de buena parte de la sociedad civil. El acorralado Mandatario tomó entonces la decisión de convocar a un referéndum, la cual fue respaldada por la Asamblea. El Tribunal Supremo de Elecciones lo programó para el 7 de octubre de 2007.

Ya para entonces la discusión había dejado de ser racional, y la ciudadanía se vio torturada por una "carrera hacia los extremos", en la que predominó el fanatismo ideológico y la abierta manipulación emocional, en magnitudes que hacía tiempo no se veían en el contexto costarricense. Los grupúsculos más exaltados de ambos lados se apoderaron del "megáfono" y polarizaron al país, apelando a difundir verdaderos disparates sobre las intenciones del oponente.

En un artículo de mi autoría incluido en el libro "Estado y Administración Pública: Paradojas de América Latina", publicado por la Universidad de Buenos Aires a finales de 2016, se comentaba que los dos bandos eran culpables de sendos "pecados capitales": en el lado del Sí, la soberbia; y en el del No, la ira.

Entre los favorables al Tratado (y notablemente entre los tecnócratas que habían participado como negociadores) parecía predominar —no sin cierta arrogancia— la convicción de que los compromisos alcanzados tendrían efectos netamente virtuosos. Así debía parecerles incomprensible la mera existencia de cualquier oposición, por razonada que pudiese ser, o inclusive el abordaje “pragmático” que patrocinaba la aprobación del Tratado simplemente por ser “el menor de los males”. Cabría preguntarse también si los colaboradores más cercanos al Presidente Arias no habrían visto en algún momento su criterio afectado por el síndrome del “pensamiento grupal”, subestimando a sus oponentes, justificando moralmente su causa, considerándose invulnerables y sobre todo convirtiendo el apoyo al TLC en una prueba de lealtad personal al Mandatario.

En contraste, en las filas de la oposición se impusieron las posiciones recalcitrantes e iracundas de la “retro-izquierda”, cuyas razones variaban desde la ortodoxia ideológica hasta el más rabioso antiyanquismo. Sabedores de la incontestable superioridad del Sí en recursos financieros y el apoyo que le daba buena parte de la prensa, la táctica del No consistió en hacer circular todo tipo de argumentos y rumores sobre el Tratado, desde lo más comedido hasta lo inverosímil y disparatado. Hubo quien dijo que el TLC legalizaba el tráfico de órganos, y también José María Villalta (luego diputado y candidato presidencial de la izquierda) anunciaba en un artículo suyo que el acceso al agua potable, la salud y el derecho a la vida estaban en peligro con el Tratado.

Al advertir que el No comenzaba a adueñarse del factor emocional, tuvo que acudir el Gobierno al vastísimo arsenal de herramientas políticas que ofrece el poder para lograr sus fines. Así empezaron ellos también a invocar temas apocalípticos, que iban desde una supuesta pérdida masiva de empleos hasta la ruptura del orden constitucional y la instantánea “venezolanización” del país si triunfaba la oposición. A la larga, el empleo de estos métodos—y el descubrimiento y publicación del “plan secreto” de campaña que los había inspirado—quedó como el más claro testimonio de la bajísima calidad de un debate que debió haber sido sereno y equilibrado.

Después de un duelo tan crispante, el triunfo del Sí por algo más de 3% de los votos podría—afortunadamente—ser calificado como un anticlímax. Eso sí, lo único que terminó definido en las urnas fue la aprobación del Tratado mismo; pero la disyuntiva entre los modelos de desarrollo se saldó con poco más que un magro empate. El estallido de la gran recesión global al año siguiente envió al vacío toda aquella disputa, al grado de que el tema estuvo conspicuamente ausente de la campaña presidencial de 2010, y apenas asomó muy tímidamente en la de 2014 antes de desaparecer en definitiva.

En muchos aspectos el tiempo ha dado la razón a los moderados del Sí y en otros a los del No; pero los recalcitrantes de ambos lados han quedado invariablemente desmentidos, sin que ocurriera el portento de prosperidad inmediata que anunciaban los primeros, ni el apocalipsis humanitario y ambiental que profetizaban los segundos. No deja de ser curioso, eso sí, que esos últimos hayan logrado mantener tanta credibilidad en algunos sectores (como se pudo observar por la votación obtenida en 2014) a pesar de continuar con el enfermizo hábito de rehuír los debates equilibrados y de disfrazar la ineptitud propia con el anuncio de graves desgracias en caso de una victoria de sus oponentes (a menudo inventando, con aire siniestro, palabrejas rimbombantes como "holocausto neopentecostal" y otras sandeces por el estilo).

La realidad es que hoy enfrentamos una sociedad mucho más fracturada y dividida que en 2007. Por entonces, la grieta que separaba a los costarricenses era simplemente la forma de organizar al país de cara a la relación con el mayor socio comercial. Ahora, en cambio, el elitismo y la extravagancia de cierta clase política, académica y económica ha sometido a presión incluso los valores más sagrados de las personas, en grados que muchos no están dispuestos a aceptar. Así se ha activado una "falla geológica" mucho más profunda, capaz de determinar durante largo tiempo el devenir político y social de nuestra República. El reto está en canalizar esta fricción dentro del marco de las instituciones republicanas, sin aceptar ni por un instante que aquellos que hoy detentan el poder acudan a vías abusivas, artimañas o actuaciones que pongan en peligro incluso los límites constitucionales, todo con tal de salirse con una agenda ajena a las aspiraciones y a la identidad costarricenses.

Robert F. Beers

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