La Costa Rica del Romboide

Desde la escuela se nos enseña que la forma física de Costa Rica recuerda vagamente la de un trapecio, con la base menor en el litoral Caribe y la base mayor en el Pacífico. Sin embargo, un observador agudo de la realidad podría determinar algo distinto: lo que se considera "Costa Rica" es una especie de pequeño romboide. Esto, por supuesto, amerita una explicación.

En un artículo de mi autoría denominado “Desigualdad geográfica”, publicado por La Nación en diciembre de 2007, resumí la impresión que me dejaban los datos del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal del PNUD y en el Informe del Estado de la Nación en una frase: “Pareciera que quienes elaboran las políticas de distribución de la riqueza suponen que Costa Rica empieza en Ciudad Quesada y termina en San Isidro de Pérez Zeledón”. Si uno ubica los otros vértices en San Ramón y en Turrialba, resulta bastante fácil determinar sobre un mapa cuál es la “Costa Rica romboide” hacia la que van dirigidas casi todas las iniciativas de desarrollo, públicas y privadas por igual.

En estos días, al recorrer nuevamente la Zona Sur del país, he tenido que comprobar con bastante pesar que después de 9 años, y a pesar de ciertos progresos, se mantiene vigente esta geométrica conclusión.

Para ser justos, hablemos primero de los progresos. Es verdad que —al menos en la década transcurrida desde aquella publicación— los últimos tres gobiernos han hecho algún esfuerzo por revertir esta marcada desigualdad. En esta región, como en casi todas, hay todavía signos visibles de la presencia del Estado costarricense. En las cabeceras de cantón, y en diversos centros poblados, existe cierto acceso a los servicios más básicos, se ven escuelas públicas, alguna presencia de la policía y de la administración de justicia, además de la ocasional obra de infraestructura (por lo general la pavimentación de alguna carretera o la reparación de un puente). La red vial demuestra una notable recuperación, a pesar de los azotes climáticos y sísmicos. Incluso hay una presencia, aunque tímida, de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el rezago socioeconómico sigue incrementándose más y más… y pareciera ser apenas el síntoma visible de un fenómeno más preocupante.

Como de costumbre, no toda la responsabilidad debe recaer sobre las autoridades civiles y políticas. En nuestra publicación anterior —y como lo planteó acertadamente la estudiante Evelyn Poveda en su resonante arenga del 11 de abril— recalcamos que hay otras agrupaciones humanas (llámense “poderes fácticos”, “grupos de presión”, “sociedad civil” o así por el estilo), que ejercen sin ningún contrapeso un poder igual o incluso mayor que el de las autoridades legalmente constituidas. Dicha influencia tiene características muy peculiares: no se adquiere por vías democráticas, no es equitativa, no es transparente, no rinde cuentas, no está sujeta al interés general… y sin embargo solo puede florecer en el marco de un régimen democrático y respetuoso de las libertades individuales, es decir, un sistema republicano. Estos “poderes fácticos” se vuelven aún más fuertes cuando se debilita el poder político: por eso mismo han ganado un terreno enorme en Costa Rica (obsérvese el invariable tono despectivo de los medios de comunicación hacia los órganos de naturaleza política, como el Gobierno, la Asamblea y los partidos). Esto apareja un problema: estos “poderes” también parecen pensar que Costa Rica va de Ciudad Quesada a San Isidro de Pérez Zeledón y de San Ramón a Turrialba. O incluso menos.

En estos días, por ejemplo, Paso Canoas (en el cantón de Corredores) vino a ser noticia por los cientos de migrantes africanos indocumentados que, atrapados entre Costa Rica y Panamá, subsisten bajo una serie de toldos improvisados y se alimentan de la caridad de los lugareños. Sin duda una situación desesperada, que demanda un enfoque equilibrado entre los deberes de un Estado y las consideraciones humanitarias. Y sin embargo, los grandes medios de comunicación que hoy nos presentan en vivo el doloroso drama de los migrantes, no se han atrevido a mencionar que los cantones fronterizos con Panamá (Talamanca, Coto Brus, Corredores y Golfito) o con Nicaragua (La Cruz, Upala, Los Chiles, Sarapiquí) ostentan casualmente los peores índices de desarrollo humano en todo el país. Es decir, que en esos territorios varios miles de compatriotas nuestros llevan años habitando en condiciones horriblemente similares a las de nuestros “huéspedes” africanos: bajo un techo precario y sin tener asegurado el sustento de sus familias. Ha trascendido la escasez de alimentos en el Alto Telire, en las profundidades de la cordillera de Talamanca, del lado de la provincia de Limón (donde también en un poblado indígena pasaron los niños medio año sin recibir clases por falta de maestro); y sin embargo, no hay una mención de esto en los grandes medios de comunicación, a los que aparenta importar más la situación migratoria de las mascotas de Johnny Depp en Australia.

No es el único caso sobre el que se guarda un indiferente silencio. En Guanacaste la acción combinada de El Niño y el hombre (¿y la mujer?) ha ido produciendo daños serios en la cuenca del río Tempisque y sus afluentes, cuyos caudales se han venido reduciendo a un ritmo alarmante. Es indudable el efecto catastrófico que esta sequía ha tenido ya para los habitantes de la bajura, sin hablar de la afectación a los ecosistemas y el consiguiente riesgo para la industria turística. ¿Qué se ha oído de esto en la prensa? Bastante poco, en términos generales, y ni una palabra sobre el ingrediente humano.

¿Y el hostigamiento armado que sufre la reserva indígena de Cabagra, en el cantón de Buenos Aires? Probablemente es la primera vez que muchos de mis lectores se enteren de él; pero desde hace meses se han producido ataques violentos a raíz de una disputa por tierras, con saldo de heridos y golpeados. Tampoco esto es noticia, a pesar de la rara afición de algunas televisoras y periódicos a los incidentes sangrientos. A veces queda la impresión de que, para que un hecho de estos sea noticia en Costa Rica, debe tratarse de una masacre horripilante o la víctima tiene que ser originaria del “romboide”.

Hasta aquí hemos aludido a los medios de información por ser posiblemente los exponentes más visibles de la visión “romboidal” que tienen de Costa Rica los “poderes fácticos”. Pero la situación no se distinguiría mucho si en cambio eligiésemos al sector empresarial. Es insólito que se establezcan empresas de importancia fuera del “romboide”, a no ser que se trate de la actividad portuaria (confinada a Caldera y Moín), monocultivos (piña, banano, palma, arroz) o servicios turísticos. Igual podría decirse de otras formas de “poder fáctico” atrincheradas casi exclusivamente en el “romboide”, como las organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas y demás (valga decir que solo escapa de este diagnóstico la religión institucionalizada, que mantiene mayor influencia social fuera del “romboide” que dentro de él).

Lo curioso es que un buen sector de estos “poderes fácticos” mantiene una campaña casi permanente invitando al Estado a replegarse, a reducir a la mínima expresión sus actividades y a trasladar a otras manos cuantas funciones sean posibles. Sería bueno preguntarse si esta invitación es bienintencionada y se inspira en un deseo de cuidar las finanzas públicas (prudencia por demás necesaria por razones éticas y prácticas)… o si detrás de ella se encuentra la ecuación que comentábamos párrafos atrás: entre menos poder tengan las instituciones políticas, más poder quedará en manos de los “grupos de presión”. No hay vacíos en el poder; si las instituciones se retiran, algo o alguien tomará su lugar. ¿A quién beneficia una debilitación del Estado?

Esta corriente, llevada al extremo, puede conducir a situaciones absurdas y peligrosas. Suele decirse que hay tres elementos indispensables para que pueda hablarse de un Estado funcional: 1) el territorio, 2) la población, y 3) el poder político, o lo que se ha dado en llamar “el imperio de la ley”. Cuando el poder político no detenta la soberanía sobre un sector del territorio o no alcanza a la totalidad de la población, se habla de un “Estado fallido”. Sin ir muy lejos, esta es una descripción que se ajusta bastante bien a la actual situación de países como Guatemala y México, donde el Estado “oficial” solo detenta un relativo poder en la capital y en algunos centros urbanos, mientras existen vastas extensiones donde la influencia real la ejercen otros actores (ej. guerrillas, carteles de narcotráfico, maras y pandillas, etc.), a menudo en directa oposición con el poder político “legítimo”.

La pregunta obligatoria: los “poderes fácticos” entronizados en la Costa Rica del romboide, ¿se sentirían más seguros si esta situación se diese? ¿O es necesario matizar ese llamado a la reducción precipitada del Estado, para impedir la entrega del litoral Caribe o de la Zona Sur a la incesante infiltración del narcotráfico?

Costa Rica va de Peñas Blancas a Paso Canoas, del río Sixaola al río San Juan, de la Isla del Coco a la Isla Calero. Y del Mar Caribe a los adentros del Océano Pacífico. No nos conformemos con menos.

Robert F. Beers